La ley que regula la convivencia en la enseñanza pública promueve la participación de padres, profesores y alumnos para adaptarse a la realidad de cada centro. No obstante, en muchos centros este necesario proceso democrático no se ha llevado a cabo.
La diferencia entre un centro en el que el plan de convivencia no ha sido consensuado y otro en el que sí es sustancial. En el segundo caso, el profesor, que en último término debe aplicar una sanción, se siente respaldado por los otros profesores y los padres, y el alumno que la recibe asume mejor que ha de cambiar de actitud porque él mismo ha aceptado previamente unas normas básicas de conducta.
Hay teorías pedagógicas y suficientes experiencias que confirman que en los centros en los que se da una participación efectiva de toda la comunidad educativa mejora notablemente el clima de convivencia. La transmisión de conocimientos es importante, pero también lo es enseñar valores democráticos.
Ciertamente, el debate y la discusión de los planes de convivencia implican una inversión importante de tiempo y de energía. Sin embargo, el resultado será que mejore la calidad de la enseñanza y que los alumnos aprendan a vivir en democracia.
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